A patadas con la probidad (2)
En nota anterior, anotamos algunos factores de las manifestaciones de corrupción de algunos servidores públicos: existencia de políticos profesionales de endeble o inexistente curriculum, que no ven vida ni esperanza fuera del servicio público; los operadores políticos, a las órdenes de caciques de diverso tamaño e envergadura, que los ubican en ciertos puestos para servir a sus intereses electorales, usando y abusando de recursos públicos; personajes diversos de débil espíritu, embebidos de ansias de figuración. En todos ellos, el “espíritu de servicio público” está notablemente ausente.
En estos días se ha puesto de relieve otro antiguo factor, que en realidad es el primario, en el sentido de que es causa de los anteriores. Los partidos, unos con más elegancia que otros, siempre han exigido del Presidente de turno una cuota en la distribución de los cargos a lo largo y ancho del organigrama de gobierno (ministerios, subsecretarías, intendentes, gobernadores, seremis, jefes de servicios nacionales y regionales, etc.), en base del caudal electoral y de la representación parlamentaria. Pero, además, se exige que estos nombramientos “respeten” la “representatividad” de los grupos internos (tendencias y sensibilidades, que en realidad son verdaderas fracciones con su propia organización y articulación nacional). Teorema (verdad que no requiere prueba): el objetivo de esto, por cierto, no es expresar mediante su gestión una cierta sensibilidad (puesto que la tarea de los funcionarios públicos es aplicar el programa y políticas de gobierno, con los énfasis y orientaciones que éste determina), sino capturar posiciones de poder para ganar más poder, tratando de influir en designaciones y elecciones internas y nacionales, para aumentar su influencia, para aumentar su poder. Exigir poder para capturar más poder. Una lógica que se alimenta a sí misma. Las cosmovisiones, las visiones del mundo, de la sociedad, no tienen nada que ver aquí. Cada partido es un conjunto de grupos de poder, grupos de presión, con escasos líderes que capturan todos los espacios. Son verdaderos “hoyos negros” que capturan todo a su alrededor. Es verdad tanto en el oficialismo como en la oposición.
A nivel regional, ello se manifiesta en lo que hemos dicho en otro lugar: “con el parlamentario (especialmente los senadores), todo; contra el parlamentario, nada”. La organización formal de los partidos juega un papel meramente decorativo. Es el parlamentario el que, a través de sus oficinas en las distintas ciudades y sus activistas pagados, mueve todos los hilos. Es frecuente que la dirección comunal del partido se reúna en la oficina de de aquél, que su secretaria sea la secretaria del parlamentario, que sea ella quién convoque a la militancia según las necesidades de su jefe. Hoy en día, quién no sea parlamentario, dirigente o jefe de servicio, no tiene ninguna instancia para ser informado, expresar su opinión, intercambiar; las organizaciones de base han desaparecido (por ejemplo, los núcleos del PS).
Una verdadera lucha contra la corrupción y por la democracia debe contemplar sin falta la democratización interna de los partidos. Sólo tal reforma disminuirá la influencia de los parlamentarios, de las fracciones, y podrá posibilitar una vida partidaria real, activa, sin la influencia decisiva y total de los caciques que lo manipulan. Y podrán empezar a dejar de ser agencias de empleos. Los partidos como expresión y vía de servicio público debe ser un objetivo.
Veamos una pequeña ilustración de lo anterior. La presidenta Bachelet hizo un pequeño ajuste de su equipo territorial, cambiando cinco intendentes y doce gobernadores. A menos de dos meses de su primer aniversario, el gobierno consideró necesario dicho cambio, en base a las respectivas evaluaciones. Los presidentes de los partidos de la Concertación aprobaron la medida, por corresponder a las prerrogativas de la presidenta y, seguramente, por coincidir en la evaluación.
Pero no todos estuvieron de acuerdo. No un partido, sino una tendencia de uno de ellos: los “colorines” de la DC, encabezados por el senador Adolfo Zaldívar (que mantiene sus aspiraciones presidencialistas, a pesar de que no aparece en las encuestas ni siquiera por casualidad). “Perdieron” cuatro gobernadores (en Iquique, San Antonio, San Felipe y Melipilla) y una intendenta (Tercera Región). Ciertamente, no se fueron a un rincón a enjugar sus lágrimas. Ante cualquier micrófono, cámara y libreta de apuntes dispuestas, se quejaron, llamaron la atención a la Presidenta, amenazaron. El portavoz principal fue Jaime Mulet, diputado por Iquique, ex secretario general de su partido y luego candidato derrotado a la presidencia de la DC. ¿Qué dijo? “Hay una parte importante de la DC que se siente expulsada del gobierno y de la peor forma”, “hay un antes y un después” en las relaciones con La Moneda.
Acusaron a Bachelet de haber sido manipulada: “Acá hubo una presión de la directiva de la DC para sacar a los intendentes y gobernadores que eran de una sensibilidad distinta a la directiva… No era esperable que la Presidenta acepte las presiones”. Esta situación tiene siniestras vinculaciones, dice Mulet: “Todo esto nos recuerda al gobierno de la UP, y eso no le hace bien al país”. ¿Cuál es la relación histórica? No lo dice. Está especialmente molesto Mulet, porque para las próximas elecciones quiere postular al senado, pero le sacaron “su” intendenta en triple sentido (DC, miembro de su tendencia y generalísima de su campaña). Los “colorines” han amenazado que podrían constituir una bancada parlamentaria paralela a la oficial, para obligar al gobierno a conversar y a negociar también con ellos. En resumen, creen que se rompieron los equilibrios entre las tendencias en su representación en el gobierno.
Esto es corrupción pura y simple, es chantaje, y si lo hacen por la vía de los medios es que consideren que es “normal”, que está en las costumbres. En realidad, es una falta de ética institucionalizada. Y todos los partidos son culpables de tales prácticas en diversos momentos.
Lo más inquietante es que uno de los factores de la evaluación que hace el gobierno de los intendentes, gobernadores y otros ejecutivos públicos, es su cercanía, sus buenas relaciones con los parlamentarios. Se considera que se requiere de la buena voluntad de los parlamentarios para que voten positivamente los proyectos de ley.
Reiteramos: para avanzar en la democracia y la probidad, se debe reformar a los partidos, sus estructuras y sus prácticas. Además de perfeccionar el tema del financiamiento público de las campañas electorales, por supuesto, en que se controle quién financia, se limiten los aportes privados, cómo y cuánto se gasta, etc. Hay un largo camino por recorrer. ¿Habrá voluntad política en el gobierno, los partidos, los parlamentarios, para tomarlo?
