Elemental, mi querido Watson

Patricio Ayala M.

El candidato Piñera es un tornado, una avalancha. Gracias a sus cuantiosos recursos, está en todos lados y en todo momento. Giras, publicidad callejera, trípticos, mensajes radiales... En ese menjunje, se mezclan medias verdades, medias mentiras, prejuicios, contradicciones y mucha, mucha inconsistencia. No tiene miedo en prometer, sabiendo que RN y sobre todo la UDI le enmendarán la plana en el parlamento. Está bien Piñera: en su rol y fiel a sí mismo, como negociante diestro en especulación.

Hay que reconocerle un mérito: en ese torbellino, logra poner temas y agenda, que los otros candidatos, ingenuamente, responden y siguen.

Un ejemplo claro: el del rol del Estado, en sentido genérico. Todas las promesas electorales de Piñera, naturalmente, son con cargo al Estado, desde el punto de vista financiero, desde los 10.000 carabineros más en las calles, el bono de $40.000 en marzo, más recursos para la salud y la educación, etc. Al mismo tiempo, Piñera postula que debe haber menos Estado, menos funcionarios públicos, menos gasto fiscal. Le sirve bien el actual periodismo: simples grabadoras y cámaras y editores de las notas, para convertir sus dichos en cuñas noticiosas.

Lo sorprendente es que sus adversarios –sobre todo la candidatura Frei- le siguen el amén en los temas y en el enfoque, sin considerar que sobre el tema del Estado hay décadas y generaciones de prejuicios e ignorancia y la campaña electoral es demasiado corta como para pensar en cambiar mentalidades. La mala memoria y la incapacidad generalizada (casi genética) de ver el bosque y la tendencia a detenerse sólo en los árboles de las deficiencias que aún subsisten refuerzan lo anterior.

Muchachos: dejen de lado la discusión genérica de más o menos Estado. En cambio, hablen de políticas públicas, de seguridad y protección social. El gobierno de Bachelet ha sido “más y mejor estado, cercano y sensible”. Recuerden las funciones del Estado, y verán por qué Piñera dice querer más servicios (cosa que sus socios le impedirán, por la asociación que siempre hacen de “mayor protección social = más impuestos”), y oculta que no quiere el Estado controlador y sensible al medio ambiente. Aquel Estado conquista votos, éste impide los negociados.

Veamos cuáles son las funciones económicas del Estado:

1. Fomentar la eficiencia, preocupándose de controlar el mercado y favorecer la competencia, evitando los abusos monopólicos, las colusiones, el uso de información privilegiada, etc.; luchando contra los daños medioambientales, protegiendo los bienes públicos (bosques, ríos, lagos); recopilando los impuestos que le permitan llevar a cabo sus funciones.
2. Fomentar la equidad, estableciendo impuestos progresivos (el que gane más, que pague más), sistemas de transferencias a los sectores más modestos (ayudas al adulto mayor, personas con discapacidad, o sea, una red de seguridad social) y subvenciones al consumo (asistencia médica, viviendas sociales, etc.).
3. Fomentar la estabilidad económica, mediante la utilización de sus poderes fiscales (capacidad de gastar para influir en los ritmos de la actividad económica, con programas de obras públicas, programas de empleos, etc.) y los poderes monetarios (función del Banco Central, para controlar principalmente mediante los mecanismos del mercado la esfera financiera, los bancos, la oferta monetaria, los tipos de interés, condiciones crediticias, etc.).

Así, pues, no se trata de una discusión filosófica o académica sobre el Estado. Más bien se trata de qué tipo de país queremos, un país de negocios y empresarios, o un país más solidario, preocupado de la equidad y del medio ambiente. En esto debe poner el acento la campaña.


23.10.2009

Una derecha nada liberal

Carlos Peña

El Mercurio, domingo 18 de Octubre de 2009

Los senadores Allamand y Chadwick abogan -en un documento divulgado esta semana- por regular las uniones de hecho. No distinguen entre la convivencia de personas del mismo o distinto sexo.

Si la propuesta tuviera éxito, no sólo beneficiaría a parejas heterosexuales.

También gays y lesbianas podrían celebrar algo que no es matrimonio; pero se le parece.

Podrían compartir su esfuerzo, adquirir viviendas mediante subsidios, decidir el destino de sus bienes para después de sus días acceder a una pensión para el caso de muerte del principal sustento, demandar socorro recíproco.

En una palabra, lograr que sus condiciones materiales de existencia reflejen su compromiso afectivo.

Al explicar la propuesta, Piñera dijo que él creía en el matrimonio; pero, agregó, no podía dejar de atender la situación de casi dos millones de personas que viven su afectividad al margen de la ley. Casualmente o no, Piñera distinguió, con total claridad, algo que está en el centro del pensamiento liberal: las preferencias personales (lo que cada uno estima que es mejor para sí mismo) de las preferencias externas (lo que cada uno cree es mejor para los demás). Lo que usted prefiere para sí mismo, y lo que usted preferiría para su vecino.

¡Hasta la Iglesia -mediante el obispo Goic- consideró legítima la solución!

Desgraciadamente bastaron dos o tres quejas de los sectores conservadores, para que los problemas que la derecha tiene en esta materia afloraran.

El senador Allamand -para quien, de un tiempo a esta parte, la política se reduce a no molestar al conservantismo aun al precio de desdecirse- se apresuró a aclarar que, por supuesto, que cómo alguien podría pensarlo, que él ¡jamás! pretendió unir legalmente a parejas homosexuales.

¿Cómo explicar esa cantinflada?

Las reacciones frente al proyecto muestran cuán poco liberal es la derecha chilena. Y cuánto pesa en ella, social y políticamente, el catolicismo tradicional, ese de raíz agraria, más o menos simplón, que reduce la fe a a la existencia del Más Allá; la virtud a un código de moral sexual; la fidelidad a la oración y la penitencia; la caridad a los días de fiesta religiosa; la comunidad a la misa; y casi todas las bondades de la vida social a la existencia del matrimonio.

Para esa derecha, la manera en que la gente organiza sus afectos y su sexualidad no es un asunto que incumba sólo a los directamente involucrados. Esos sectores piensan que hay formas de familia -por ejemplo las uniones de hecho heterosexuales y para qué decir las de gays o de lesbianas- que degradarían aquella forma única a la que, por mandato de la naturaleza, deberíamos someter nuestras vidas. Ellos piensan que no es posible distinguir -como en cambio lo hizo Piñera- entre lo que usted prefiere para sí mismo y lo que su vecino prefiere para él. Creen que la pregunta acerca de cómo debe vivir usted y cómo debe vivir su vecino, admite una única respuesta.

En otras palabras, esos sectores establecen, sin más, una estricta coincidencia entre la forma de vida a la que dicen adherir y aquello que están dispuestos a aceptar para los demás en la esfera pública.

El problema de Piñera entonces no es lo que él piensa -en esta materia está en lo correcto- sino la capacidad que tenga de domeñar a esos sectores, casi toda la derecha dicho sea de paso, que creen que hay una única forma de vida familiar, respecto de la cual todas las demás serían expresiones decaídas, vergonzantes, torcidas o dañinas.

Es el puñado de convicciones que ha hegemonizado a la derecha y ha rendido incluso a quienes parecían sus cabezas más lúcidas: presumir que ella está aquí para impedir el desorden; evitar que los demás seres humanos nos vayamos al despeñadero; y continuar la lucha por la moral de párroco, sólo que ahora con los medios de la política.

Romances interruptus


1. Pancho ha hecho venir a su hija veinteañera a Montréal. Quiere tratar de convencerla de que se quede. “Es bonita”, me dice Sergio, un amigo. Acepto, entonces, la invitación del feliz y orgulloso padre a conocerla.

Es la lozanía personificada, con el sol de San Javier en las mejillas, con la frescura de una sandía en día de calor. Inconscientemente, enderezo la columna, mi paso se pone elástico, sonrío un poco de lado, extiendo el pecho para un abrazo abarcador...

- Hola, tío, me dice, mi papá me ha hablado mucho de usted y de sus hijas...

2. Gaby es colega de trabajo. Se desliza por los pasillos, mirando el piso, caminando rápido, una semisonrisa en los labios. Me recuerda una graciosa ardillita. Está orgullosa de sus dos hijos, un tanto preocupada por su marido que trabaja en el transporte marítimo, lo que la obliga por períodos a tomar el timón total del hogar. Es delgada, eficiente, atenta. Emana de ella un cierto atractivo. De vez en lejos, deslizo un piropo soft, y ella sonríe, tratando de evitar el rubor.

En un cóctel de la oficina, estamos lado a lado. Después del segundo pisco sour, le digo una galantería. En cierto momento, me mira sonriendo:

- Usted es muy parecido a mi papá...

La miro con sorpresa.

- ... pero mi papá tiene el pelo más negro, termina.

Esa tarde me retiré bastante temprano del cóctel.

PAM/
09.09.09

Los dos golpes de Estado

De lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, hay un aspecto que se destaca poco: ese día hubo dos golpes de estado. Uno en el estricto sentido del concepto, dado contra la autoridad legítimamente constituida, contra dos de los poderes del Estado, el Ejecutivo en primer lugar, pero también contra el Legislativo, que fue disuelto (el tercero, el Judicial, no necesitaba ningún tipo de intervención, como lo demostró concienzudamente a lo largo de 17 años de dictadura).

Ese día, los uniformados y sus cómplices civiles olvidaron ciertos artículos de la Constitución Política del Estado de 1925, vigente en ese momento. Por ejemplo, el Art. 22: “La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”. También el Art. 23: “Toda resolución que acordare el Presidente de la República, la Cámara de diputados, el Senado o los Tribunales de Justicia, a presencia o requisición de un ejército, de un jefe al frente de fuerza armada o de alguna reunión del pueblo que, ya sea con armas o sin ellas, desobedeciere a las autoridades, es nula de derecho y no puede producir efecto alguno”. Más grave aún, arrojaron al tacho el Art. 3º: “Ninguna persona o reunión de personas puede tomar el título o representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticiones en su nombre. La infracción de este artículo es sedición”. Y lo principal, el artículo 4º: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo”.[1]

Como dice un tratadista, tomar el poder por la fuerza no es un procedimiento jurídico de investidura gubernamental, pero es un procedimiento muy empleado en la práctica[2]. Aquí, una minoría ganó la batalla de las ideas y logró que sus intereses económicos se confundieran con los valores de la democracia y la nación, arrastrando a parte del parlamento, al poder judicial y las FF AA, con las cuales estaba unida por un cordón umbilical ideológico, hecho en buena parte de adhesión a principios valóricos teóricos, de temor al cambio y de desprecio a todo lo que olía a popular, a pueblo. Todo golpista busca luego justificaciones nobles a las peores y más bajas acciones. Lo que han logrado –pero implícitamente, porque nadie quiere hacerlo explícito, dadas las consecuencias- es demostrar que todos los valores e instituciones son relativas, incluyendo el honor, el respeto por el juramento dado, por la vida, la libertad, la salud de los demás, y la simple decencia.

El segundo golpe de estado se dio al interior de varias ramas de la defensa nacional. El almirante José Toribio Merino era hasta el 10 de septiembre subalterno inmediato del titular, almirante Raúl Montero, a quién suplantó en un golpe de fuerza como Comandante en jefe de la Marina. Lo mismo hizo el general César Mendoza, cuarta antigüedad hasta la víspera, reemplazando al general José María Sepúlveda como Director General de Carabineros. Allende había nombrado a Pinochet como Comandante en Jefe del ejército el 23 de agosto, ante la renuncia de Prats, presionado por el cuerpo de generales, incluida una manifestación ante su casa de un grupo de esposas de generales, y temeroso de romper la unidad del Ejército. Gustavo Leight había reemplazado hacía poco a César Ruiz Danyau, renunciado ante su negativa a continuar en el gabinete de ministros. Así, el golpe fue preparado por comandantes en jefe recién nombrados y por oficiales que no eran la primera antigüedad, que complotaron a espaldas de sus propios superiores jerárquicos. Ante esto, francamente, los conceptos de respeto por la línea de mando, de lealtad, de honor, se me confunden un poco.

Sobre las circunstancias que habrían empujado al golpe de estado se ha discutido –pero sobre todo se ha tergiversado- mucho. Tanta tergiversación requiere ir a lo esencial. Lo primero: la UP no estaba preparando ningún autogolpe, ni estaba en su programa el hacerlo. Después del 11 de septiembre no se encontró nada que lo probara. Segundo, no tenía los medios ni las condiciones objetivas ni subjetivas –para emplear un lenguaje de moda en aquellos tiempos- para hacerlo: no se prepararon ni para luchar, ni para esconderse, ni comprendieron la naturaleza de la reacción que se estaba preparando, como hemos expuesto en otro artículo. A lo más, puede acusarse al PS, el Mapu, la IC, la JRR y sobre todo al Mir, de ser boquilargos, hocicones, terroristas del lenguaje e imbéciles de hecho, irresponsables copiones de aspectos externos (lenguaje y hasta modo de vestirse) de experiencias extranjeras. Las víctimas de la represión, el heroísmo de varios cientos que lucharon largos años en la clandestinidad, sin medios salvo el corazón y los cojones, no pueden dejar de lado esta triste verdad. Por otra parte, la UP nunca tuvo una política de Estado de represión y persecución de los adversarios políticos. Todas las instancias, instituciones, elementos constitutivos de una sociedad democrática funcionaron a pleno régimen durante su gobierno.

El golpe de estado se dio por una sola y única razón: por la defensa de intereses económicos amenazados por la política del gobierno. La constitución del sector estatal de la economía y la reforma agraria eran el enemigo, no una hipotética república de trabajadores ni la dictadura del proletariado. Todas las políticas implementadas posteriormente por la dictadura así lo muestran. La doctrina de la Seguridad nacional (enemigo interno que debe ser destruido a toda costa, fronteras ideológicas, defensa del mundo libre por todos los medios) era el medio. El liberalismo a ultranza (el mercado regula todo, rol subsidiario del Estado, el proceso de privatizaciones, la educación y la salud como mercancías, el Plan laboral, etc.), el objetivo. Se torturó, asesinó, exilió, por razones de sana economía. Y no es una caricatura.


PAM/

1987

[1] Los mismos preceptos son recogidos por la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura en un plebiscito lleno de irregularidades. Ver en particular el artículo 7º.
[2] Maurice Duverger, Institutions politiques et Droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, Paris, 1965, p.126.