La sociedad ha tomado cierto protagonismo. Magallanes, movimiento estudiantil el año pasado, Aysén este año, movimiento estudiantil de nuevo muy pronto (su carácter no se conoce aún, pero seguramente repetirá lo esencial de lo pasado). Destrucción de propiedad privada y pública. Impedimentos al libre desplazamiento de los ciudadanos. Carabineros en las calles. Heridos, encarcelados. La derecha aplaude, la oposición condena, ambos sin claroscuros, sin sutilezas.
¿Qué se puede decir respecto a la acción policial? En particular, ¿qué análisis debería hacer la Concertación, sector de la oposición que tiene mayor posibilidad de gobernar en un futuro próximo y que, en consecuencia, no debería sacrificar un enfoque de Estado en aras de ganancias del momento? Estas ganancias son en realidad una deuda a pagar inevitablemente cuando se accede al gobierno. Veamos algunos elementos de la coyuntura, pero en primer lugar obviando lo obvio:
· en primer lugar, sobre la ola del movimiento estudiantil se ha constituido y consensuado una verdadera plataforma de exigencias ciudadanas[1],a tal punto amplia y profunda que ningún futuro plan de gobierno podría desechar; Aysén la enriquecerá sobre aspectos de regionalización indispensables;
· en segundo lugar, la ciudadanía tiene el derecho a expresar sus opiniones, esperanzas, exigencias verbales, escritas, en la calle.
Despejado lo anterior, examinemos la acción policial. Las noticias en TV dejan una sola impresión: Carabineros en acción, la aplicación de la violencia institucional ciega; todo sería solo una cuestión de brutalidad, un problema sicológico de estos funcionarios, la aplicación de una política puramente represiva del gobierno.
Hay elementos que refuerzan este hecho. Como decíamos en un artículo anterior sobre el movimiento estudiantil en 2011, para llegar a una situación de represión excesiva no son necesarias órdenes específicas de las autoridades (las que, por supuesto, podrían existir). Basta con las noticias distorsionadas de los medios, que ponen el énfasis en los encapuchados y sus hechos, aunque digan al pasar que éstos son una minoría, que las marchas son pacíficas y le quiten importancia al rechazo físico que realizan manifestantes contra los encapuchados. Basta con que autoridades de medio pelo y personajillos utilicen un lenguaje alarmista y despreciativo sobre la representatividad social de quienes manifiestan. Basta con utilizar uniformados de civil infiltrados, no sólo para realizar trabajo de inteligencia contra los encapuchados (necesario), sino también para convertirlos en elementos provocadores, que incitan a actitudes violentistas. Basta con autoridades que rechazan incluso la posibilidad que carabineros se hayan propasado y rehúsen toda investigación administrativa. En suma, basta con esta atmósfera para que oficiales, suboficiales y carabineros subordinados interpreten que serán bien calificados si abusan, si se extralimitan, para que se olviden que los jóvenes a los cuales golpean podrían ser sus hijos, sus sobrinos…
Pero hay que ir más allá de la simple constatación (y condena) de la acción policial coyuntural o específica. Hay que considerar otros aspectos, que tengan que ver con el origen de la violencia desproporcionada. Por ejemplo:
1. ¿Cuál es la actual filosofía de preparación (doctrina militar, se llama en el ejército: su visión del mundo, de la sociedad, de su propio rol) de las fuerzas de orden (carabineros, sobre todo)? La doctrina de seguridad nacional predominó en las FF AA y las fuerzas de orden durante los años ’60, ’70 y ’80, y hoy su persistencia es un enigma para la sociedad civil: la noción de “enemigo interno”; las fronteras ideológicas que atraviesan hogares, industrias, centros de estudio; ciudadanos de primera y segunda clase (los uniformados, símbolo de los valores nacionales, del honor; los civiles, sobre todo los obreros y los sindicalistas, personificación de la pereza, del desorden, de la carencia de valores como el honor, la honestidad); la lucha antisubversiva; los golpes de Estado, etc. Este enfoque preparó las condiciones para la implantación brutal de una nueva economía: la doctrina de seguridad nacional fue el medio, el neoliberalismo era –y es- el objetivo. Si se inculca al carabinero que por el hecho de portar uniforme tiene un rol y valor social superior, se sentirá libre de ejercer violencia arbitraria. El Congreso debería solicitar al Ministerio del Interior (Carabineros e Investigaciones) y de Defensa (Fuerzas Armadas) los manuales respectivos, para verificar los cambios necesarios para adaptar una visión a un Estado que ya tiene 20 años de democracia.
2. Deben también estudiarse los manuales operativos. ¿Han sido adaptados a condiciones de democracia (o sea, de sociedad activa, con pleno ejercicio del derecho de petición)? ¿Qué debe hacerse en cada situación, con qué instrumentos, con qué personal, etc.? ¿Existen los límites que impidan el uso excesivo de la fuerza y las víctimas civiles?
3. ¿Tiene el personal la capacitación física y operativa requerida? A principios de los ’80 se produjeron en Montréal, Canadá, varios casos en que la policía utilizó sus armas con resultado de muerte de ciudadanos. Una larga investigación concluyó que la facilidad con que se extraían y utilizaban las armas contra ciudadanos tenía dos razones. La primera, que el pésimo estado físico de los policías los hacía incapaces de atrapar a individuos veloces y, para evitar su fuga, les disparaban. Segundo, el resultado fatal de los disparos se explicaba por el escaso entrenamiento en el uso de armas: dada su mala puntería, eran incapaces de disparar a las piernas, brazos, hombro; entonces, disparaban a lo más seguro: el torso. Vale decir, ante la propia incapacidad física y técnica, se recurría a la violencia excesiva.
Veamos la otra cara de esta moneda. Que hay derecho legítimo a petición y a manifestarse; que hay fuerza excesiva en muchos casos y que las responsabilidades políticas, penales y administrativas deben ser investigadas y las sanciones pertinentes aplicadas, está claro. Pero todo lo anterior no debe hacer olvidar la necesidad del orden público. El resguardo de los derechos humanos no debe conducir a la anarquía. Un gobierno –sobre todo uno que se preocupa verdaderamente de los temas de búsqueda de mayores niveles de vida, de equidad, de igualdad de oportunidades, etc.,- no puede quedar inerme. La paz social es parte de los derechos humanos. Hay un marco (legal, institucional, de funcionamiento de la sociedad) que no puede ser ignorado bajo ninguna circunstancia, so pena de irresponsabilidad. Cada causa y cada vía de expresión debe ser analizada en su debido mérito, en su integralidad (el movimiento estudiantil de 2011 y sus distintos bemoles ha dejado muchas enseñanzas al respecto).
Esto es verdad bajo un gobierno progresista y bajo un gobierno de derecha.
PAM/08.03.12
[1] Plataforma construida sobre la base de los indudables logros de la Concertación, aunque a algunos les cueste un mundo reconocerlo, y también de sus carencias. Los actuales auto flagelantes no advierten un hecho elemental: para mantener su lógica, quien no reconozca ningún avance bajo las dos décadas de la Concertación debería hoy proponer un programa de gobierno para el Chile del 10 de marzo de 1990!
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